Fue elegido por unanimidad por los 12 magistrados, al igual que la progresista Adela Asúa, elegida vicepresidenta.
El magistrado conservador Francisco Pérez de los Cobos Orihuel ha sido elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional en sustitución del progresista Pascual Sala, que concluyó su mandato el pasado 9 de junio. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pérez de los Cobos (Yecla, Murcia, 1962) ha conseguido los 12 votos de los magistrados del alto tribunal, por lo tanto, unanimidad para ostentar el bastón de mando.
El nuevo presidente entró en el tribunal de garantías en enero de 2011 a propuesta del grupo parlamentario del PP en el Senado. Su nombre sonó desde el principio para sustituir a Pascual Sala, más si cabe tras el vuelco conservador que ha sufrido la institución después de los últimos relevos de magistrados. Pérez de los Cobos tendrá voto de calidad y funciones organizativas en un tribunal que decidirá los próximos años sobre asuntos de calado político y social.
Por su parte, la nueva vicepresidenta será Adela Asúa (Bilbao, 1949), progresista y catedrática de Derecho Penal, que accedió al Constitucional en diciembre de 2010 a propuesta del parlamento vasco. Por lo tanto, es una de las componentes más antiguas del alto tribunal.
Con el nombramiento de Pérez de los Cobos se inaugura una década en la que los magistrados conservadores dominarán las votaciones del pleno por siete a cinco. Y es que, salvó que en las próximas elecciones se produzca un hundimiento del bipartidismo, esta mayoría se mantendrá hasta 2022, ya que las dos próximas renovaciones, las correspondientes al Senado y al Congreso, previstas para 2016 y 2019, siempre se han saldado con dos magistrados propuestos por el PP y otros dos por el PSOE. De esta manera, solo ambos partidos garantizan la mayoría de tres quintos de las cámaras necesaria para las designaciones.
Asuntos delicados
La nueva sensibilidad mayoritaria de la corte puede ser determinante a la hora de resolver algunos de los asuntos más delicados que el tribunal tiene en este momento sobre la mesa. Uno de los que sin duda tendrá más trascendencia, por afectar a la columna vertebral del Estado, es el control de legalidad del desafío soberanista desatado por los partidos e instituciones catalanas. El pleno tendrá que decidir en los próximos meses si anula de manera definitiva la declaración de soberanía del Parlamento catalán y, más adelante, si CiU y Esquerra aplican su hoja de ruta, deberá dar la respuesta constitucional a la consulta de autodeterminación que la Generalitat aspira a celebrar en 2014.
El segundo bloque de temas que dará más trabajo es el examen que el Constitucional deberá realizar sobre la legalidad de la práctica totalidad de la política de ajustes y de reformas del año y medio de Mariano Rajoy al frente del Gobierno.
La corte tendrá que bendecir, matizar o derogar la reforma del mercado laboral, la amnistía fiscal, el modelo de tasas judiciales, el copago farmacéutico, la no actualización según el IPC de las pensiones, la suspensión de una paga extra en 2012 a los funcionarios, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, los recortes en la ley de dependencia, e, incluso, el cambio de mayorías para designar al presidente de RTVE.
La lista incluye otra serie de decisiones de alto contenido ideológico como el control de constitucionalidad de la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo de la etapa socialista -que va a ser derogada por el Ejecutivo sin esperar al fallo-, la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, el recurso de Arnaldo Otegi contra su condena por el intento de reconstrucción de Batasuna, y las directrices para desmontar la ‘doctrina Parot’, con excarcelación de etarras incluida, si el Tribunal de Estrasburgo falla en contra de España.
